Desde la Mesa Cívica por los Derechos Sociales trabajamos a favor del desarrollo del sistema público de bienestar como base imprescindible para que sea posible una sociedad democrática, justa, solidaria, libre y autónoma, contraria absolutamente a la sociedad que propugna la política del Estado capitalista neoliberal basada en el mercado y la mercancía como únicas dimensiones sobre las que se ha de medir la realidad de la vida humana. Creemos que es una obligación cívica rechazar cualquier actuación del Estado conducente a eliminar los menguados derechos sociales actualmente reconocidos, y sentimos la necesidad de hacer una breve reflexión sobre los conceptos que el Sr. Zaplana ha emitido amenazando nuestro maltratado bienestar.

  1. En la base de nuestro trabajo como Mesa Cívica por los Derechos Sociales, valoramos, en su más alto grado, la participación de los ciudadanos en las decisiones colectivas o públicas como la vía necesaria para que la democracia adquiera su valor auténtico como expresión del poder que los mismos ejercen para la construcción de una sociedad justa y solidaria. Esta expresión de la voluntad ciudadana tiene sentido si se realiza de forma directa, en un marco garantizado de libertades, a través de espacios públicos reales que faciliten la actuación y la manifestación de las necesidades y aspiraciones de las personas y de los medios que se han de utilizar para alcanzar ese anhelado bienestar de la sociedad, sociedad compuesta por individuos y no por entes mediatizadores. Nunca se nos ha ocurrido pensar que los Bancos u otras instituciones financieras, pongamos por caso, sean expresión de la voluntad ciudadana, ni que pretendan satisfacer sus necesidades.

  2. En reflexiones plasmadas en diversos documentos de trabajo, hemos denunciado el escandaloso déficit democrático y participativo de las instituciones, y el creciente carácter totalitario de la actuación del poder político. Además del recorte de las libertades públicas, hace tiempo que denunciamos que el sistema de protección social (pensiones por vejez y por invalidez, protección del desempleo y asistencia sanitaria), que junto con la educación y los servicios públicos constituyen el núcleo del "Estado del Bienestar", está siendo objeto de un ataque aniquilador por parte de los gobiernos y de los partidos políticos, con la participación inaceptable de los sindicatos, dejando a la población, sobre todo a las capas populares que son las que más sufren los "decretazos", los cierres de empresas, las catástrofes ecológicas y todas las desgracias que causa este sistema caótico, completamente desprotegidas ante la inhibición progresiva de los mecanismos de prevención o protección social, que teóricamente son la base sobre la cual legitiman su existencia el Estado, los partidos políticos, los sindicatos y demás instituciones del sistema.

  3. Es natural que los ciudadanos nos preguntemos, ante las graves situaciones que padecemos todos los días, cómo es posible que seamos tan pobres, según nos dicen los personajes del gobierno y de la gestión del Estado, o tan incompetentes - como dicen otros personajes opuestos a los que ahora gobiernan -, como para no poder suministrarnos una atención adecuada cuando la situación personal lo exige, o una asistencia sanitaria correcta, o una educación con todos los recursos necesarios, etc., etc.

4. No somos pobres ni incompetentes. En realidad, estamos sufriendo los efectos de la política neoliberal que consiste en liquidar el sistema estatal de bienestar, entregando al capital financiero, incluidas las compañías multinacionales de seguridad y prevención "social", la gestión de nuestros ahorros que obligatoriamente hemos de destinar a cubrir las contingencias que previsiblemente caerán sobre nosotros.

  5. Esta política está basada en el argumento ideológico del individuo insolidario de que cada uno ha de cargar con su circunstancia y nadie ha de confiar en la asistencia o solidaridad del conjunto de la sociedad, sino en las prestaciones y productos que ofrezcan las cuentas bancarias. ¿Por qué, nos preguntamos, hemos de confiar más en un Banco que en el sistema público de protección social? La respuesta yace en los balances financieros de las compañías capitalistas que hemos mencionado anteriormente. No vamos a entrar en la solidez contable de estas compañías, ni en la ética de sus prácticas mercantiles o en sus criterios de empleo y distribución de beneficios, ni vamos a mencionar el nivel democrático de las estructuras internas de las empresas capitalistas; simplemente, sabemos que el beneficio económico de este tipo de "sociedades", que extienden su poder hasta lo más profundo de las capas políticas y sociales de todos los países del mundo, decide que se destruya el sistema estatal de protección generalizada del bienestar de la sociedad.

  6. Esto es lo que significa, para el gobierno, la "Sociedad del Bienestar". Se refiere a este tipo de sociedades donde quiere que apartemos y depositemos nuestro dinero. No nos dejemos engañar; no nos proponen un sistema público, democrático, de participación de los ciudadanos para tomar decisiones sobre sus necesidades y sobre la distribución de los recursos públicos. Nada de eso; cuando el ministro de trabajo menciona impúdicamente la expresión "sociedad civil", se refiere en realidad a las empresas privadas y en ningún caso a los trabajadores a los que en realidad se intenta timar con la estafa de los planes de pensiones privados, de gran interés para las instituciones financieras que quieren alimentar un gran fondo de capital en la Unión Europea; un sistema regido por la norma de que la riqueza individual determina el nivel de protección y seguridad alcanzable.

  7. Consideramos que hay que denunciar estos eufemismos perversos con los que el Poder enmascara unos planes duros, muy duros para nuestra vida, que estamos sufriendo ya. Consideramos que hay que actuar, organizar esfuerzos para ejercer la participación democrática en las decisiones sobre el gasto público, sobre la distribución de los recursos que pertenecen, de derecho, a la sociedad. Consideramos urgente el trabajo orientado a la implantación de mecanismos avanzados de bienestar público e igualitario; es urgente cambiar el signo del Estado minimalista respecto a los derechos sociales, y sobre todo, es urgente el cambio radical del papel de cómplices que están jugando las instituciones sindicales en este proceso aniquilador.